1. Qué hay que dominar y cómo se conecta con el SAS
La Constitución es la norma superior del ordenamiento español. Obliga a la ciudadanía y a los poderes públicos, fundamenta la organización del Estado y limita el ejercicio del poder. En un centro sanitario su relevancia no se reduce al artículo 43: también afecta a la igualdad en el acceso, a la intimidad de los pacientes, al empleo público, a la actuación administrativa y al reparto de competencias. El examen puede preguntar un artículo de manera literal o describir una actuación y exigir identificar el principio vulnerado. [CE, arts. 1, 9, 14, 18, 23, 43 y 103]
La estructura que conviene reconocer comprende un preámbulo, un título preliminar y diez títulos numerados, además de disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y final. El articulado llega al 169. Una reforma no convierte automáticamente la Constitución en un texto nuevo: se incorpora al texto vigente. En esta edición se utiliza la consolidación publicada el 20 de mayo de 2026; el artículo 69.3 ya contempla la representación propia de Formentera en el Senado. No memorices una distribución insular anterior para responder una pregunta sobre el texto actual.
2. Valores superiores, soberanía y principios del ordenamiento
El artículo 1 define España como Estado social y democrático de Derecho y proclama como valores superiores libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. La forma política es la monarquía parlamentaria. «Social», «democrático» y «de Derecho» describen dimensiones complementarias: actuación sobre las condiciones de vida, legitimidad democrática y sujeción del poder a las normas.
El artículo 2 combina unidad de la Nación, derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones y solidaridad. El castellano es lengua oficial del Estado, con deber de conocerla y derecho a usarla; las demás lenguas españolas pueden ser oficiales en sus comunidades conforme a sus estatutos. No confundas reconocimiento de autonomía con soberanía de cada comunidad. [CE, arts. 2-3]
El artículo 9.1 vincula a todos al ordenamiento. El 9.2 exige a los poderes públicos promover condiciones para que libertad e igualdad sean reales y efectivas, remover obstáculos y facilitar la participación. El 9.3 garantiza legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad en los términos que el propio precepto delimita, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad. La irretroactividad no es una prohibición absoluta de cualquier norma con efectos hacia el pasado: el enunciado constitucional se refiere a disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.
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